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El Supremo de España mantiene la orden de detención contra Puigdemont pese a la amnistía
La norma ha entrado en vigor este martes y ahora los jueces tienen dos meses para aplicarla.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés' catalán, Pablo Llarena, ha comunicado a la Policía que se mantienen las órdenes nacionales de localización y detención que pesan sobre el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a pesar de que este martes ha entrado en vigor la ley de amnistía tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Además, Llarena ha dado cinco días a las partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la ley de amnistía y sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados: Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la exdiputada regional Marta Rovira, quienes no pudieron ser juzgados por haber salido de España para eludir la acción de la Justicia.
Publicada la llei d'Amnistia. Una gran victòria fruit de la negociació, la tenacitat i la persistència. Una eina que ajudarà a milers de persones a refer les seves vides i les de les seves famílies. Gaudim-la i aprofitem-la perquè ara comença la lluita per l'autodeterminació. pic.twitter.com/ug5zHqeo92
— Carme Forcadell Lluís (@ForcadellCarme) June 11, 2024
Asimismo, la Sala del Supremo que juzgó y condenó a 13 dirigentes independentistas por el 'procés' y la que instruye actualmente el caso contra Tsunami Democràtic por terrorismo, en el que también está encausado Puigdemont, han solicitado a las partes un informe sobre la aplicabilidad de la amnistía.
En todas esas causas tanto la Fiscalía como las defensas deberán elaborar y presentar el pertinente informe.
Antes del pronunciamiento del Tribunal, este mismo martes las defensas de todos los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que podrían estar afectados por la amnistía han solicitado su aplicación, según recoge 20 Minutos.
La tramitación de la ley de amnistía, que fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo, fue un requisito exigido por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y ERC para apoyar la investidura como presidente de Pedro Sánchez el 16 de noviembre del año pasado.
La norma borra los posibles delitos cometidos en el marco del proceso secesionista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Además de los dirigentes y ciudadanos independentistas involucrados en una consulta, un referéndum ilegal y diversas protestas, también cubre a los policías acusados de uso excesivo de la fuerza y otros delitos en su represión.
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