La aplicación occidental de los derechos humanos es tan interesada como asimétrica, tan hipócrita como exasperante y tan lacerante como inmoral. Debería ser, por tanto, una preocupación generalizada. Sin embargo, que los derechos humanos se repartan al gusto del juego geopolítico no resulta alarmante para la mayoría de los occidentales, que conviven sin mayor dificultad con transacciones humanas o ventas de armas cuyas víctimas se cuentan por millones. La mayor tragedia humanitaria del planeta (Yemen) y el interminable listado en el que el Sáhara solo es el último ejemplo lo corroboran: Afganistán, Libia, Irak, el Sahel...
El presidente español, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con Mohamed VI el pasado 7 de abril en la que aseveró que España y Marruecos iniciaban "una nueva etapa en las relaciones bilaterales, basada en la transparencia y en el respeto mutuo". Una etapa marcada por la reapertura ordenada de las fronteras y la celebración de una cumbre a finales de año "al más alto nivel".
Y para celebrarlo, Mohamed VI ordenó que drones marroquíes, probablemente comprados a Israel y Turquía, bombardeasen civiles saharauis. No fue el único evento de los festejos del dictador marroquí para conmemorar el restablecimiento de las amistosas relaciones hispanomarroquíes. El último fin de semana incluyó, al menos, ocho bombardeos que han dejado, como mínimo, dos víctimas mortales, una mujer y un joven, además de varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre los daños materiales fueron contabilizados daños en depósitos de agua, campamentos y camiones. Otra forma de asesinar, pero más lenta y subrepticia.
Nada nuevo en el Sáhara, donde hace solo un mes, el 15 de marzo, un menor de 15 años falleció en otra serie de bombardeos que incluyeron un colegio. Y no mucho más atrás en el tiempo, en noviembre pasado, quince civiles fallecieron en otra serie de ataques aéreos, los cuales también tuvieron por objetivo a civiles y jóvenes saharauis.
Además, la decisión de Pedro Sánchez de entregar, de facto, el Sáhara a Marruecos no solo agrede con brutalidad a los derechos humanos, sino que, además, es contraria a los más elementales principios democráticos al tratarse de una decisión presidencialista que no ha contado ni con apoyo parlamentario ni con apoyo popular.
Por un lado, el Congreso de los Diputados desautorizó públicamente la decisión socialista tras la aprobación de una proposición no de ley firmada por Unidas Podemos, socios del gobierno socialista, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya. Debido a la posición de sus socios y aliados, el PSOE fue el único partido que votó en contra. Una desautorización que, por tanto, demuestra que la nueva posición española en el conflicto del Sáhara no solo causará un enorme padecimiento a todo un pueblo, sino que se sustenta en una minoría parlamentaria que no cuenta con el apoyo de los partidos que representan a la ciudadanía: solo la apoyan 120 de los 350 escaños parlamentarios. Y, probablemente, ni eso.
Por otra parte, existen serias dudas al respecto del respaldo de la población a la decisión de Pedro Sánchez, incluso dentro de los simpatizantes y votantes del PSOE. En el caso de la ciudadanía, sabemos que las múltiples encuestas en los medios de comunicación muestran rechazo, pero no se puede llegar más allá porque el CIS, centro encargado de testear la opinión ciudadana, no pregunta sobre Marruecos desde el año 2002 y sobre el Sáhara desde 1974. En el caso de las bases socialistas, no parece que se trate de una decisión de su agrado, ya que se han posicionado, históricamente, a favor de la autodeterminación del Sáhara y nada hace pensar que exista un cambio sustancial de su opinión.
En cualquier caso, la decisión, contraria a la resolución de la ONU sobre la cuestión saharaui, que exige que cualquier decisión se tome con la aprobación del Sáhara e incluya un referéndum, ha sido defendida por destacados miembros del PSOE. Así, Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE, defendía que "la política exterior la fija el presidente del Gobierno". Esto es, Pedro Sánchez.
Una defensa pública que ha alcanzado su cénit mediático cuando el expresidente socialista, Felipe González, se ha pronunciado. El expresidente español, todo un referente occidental, ha aseverado que se trata del plan más serio presentado en cuatro décadas para resolver el conflicto. Opinión que debe ser tenida muy en cuenta, pues Felipe González tiene mucha experiencia en cuanto a la solución de conflictos. No olvidemos que, bajo su mandato, se crearon soluciones serias para el conflicto vasco como los GAL, que torturaron, violaron y asesinaron durante el gobierno socialista de los años ochenta.
Aunque referentes occidentales como Felipe González lo omitan, quizás por sus propios intereses (en el año 2014 vendió terrenos en Tánger a la familia real saudí), Marruecos es una dictadura. Una cruel dictadura que vulnera los derechos humanos de forma feroz y reiterada. Según el Informe 2021/22 de Amnistía Internacional sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, la dictadura de Mohamed VI atenta contra la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la privacidad, la libertad de reunión, el derecho a la salud, los derechos de las mujeres y de las niñas, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de los refugiados y migrantes. Además, perpetra actos de tortura y otros malos tratos. Una salvaje dictadura a la que el embudo occidental convierte en un socio serio y fiable.
Quizás, para comprender mejor el escenario, en el caso de la ignominiosa entrega del Sáhara a Marruecos hay que tener en cuenta que España y Marruecos vulneran los derechos humanos brazo con brazo en Ceuta y Melilla. Por tanto, no solo es que los cuerpos policiales españoles esperen a los migrantes pertrechados de porras tras las concertinas o que la Guardia Civil los haya recibido a pelotazos en el mar, como en el caso de los quince migrantes fallecidos en la playa del Tarajal, sino que Marruecos los usa como munición contra España cada vez que tiene necesidad. Lo que sucede con demasiada frecuencia.
Por desgracia, países como España no tienen capacidad de decidir sus relaciones internacionales, las cuales, en más de una ocasión, parecen impuestas. Como en este caso. No olvidemos que el origen de la aceptación española del plan marroquí para el Sáhara emana del interés norteamericano por el restablecimiento de las relaciones de Israel con Marruecos y otros países no menos respetuosos con los derechos humanos. Y si Estados Unidos le ha prometido el Sáhara como compensación a Marruecos, ¿quién es España para negarse?
Solo es un títere que un día gasta casi 4.500 millones de euros en ampliar y modernizar su flota de aviones de combate con el pretexto de defender el espacio aéreo canario de Marruecos y al siguiente concursa para que Mohamed VI compre las embarcaciones militares de Navantia. Un títere que no tiene inconveniente en regalar medio millón de personas al dictador marroquí y aporrear migrantes en Ceuta y Melilla mientras acoge a ucranianos como si fueran compatriotas. Un títere que ejemplifica como pocos la asimétrica aplicación de los derechos humanos occidental.
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