Las colas no avanzan y las pantallas se saturan; los vuelos se retrasan mientras los pasajeros quedan atrapados durante horas en un limbo de desinformación, controles desbordados, plantillas reducidas al mínimo y una sensación de desorden impropia de la potencia que aún se presenta como primera del mundo. En una película de sobremesa estadounidense en este escenario alguien encontraría el amor; en la vida real, lo que encuentra es a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cumpliendo tareas para las que no ha sido formado. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Desde mediados de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional ha permanecido parcialmente paralizado tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias en el Congreso. El desacuerdo gira en torno al papel del ICE: los demócratas, presionados por la movilización social y por varios episodios recientes, han condicionado su apoyo a la introducción de límites y mecanismos de control sobre este organismo, mientras que los republicanos han rechazado cualquier modificación.
El resultado inicial fue un bloqueo que dejó sin financiación a buena parte del aparato civil —incluida la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)— mientras otros segmentos del propio Estado, como el ICE, continuaban operando con normalidad. Así, mientras trabajadores civiles dejaban de acudir a sus puestos por la falta de salario, agentes de ICE fueron desplegados en algunos aeropuertos para cubrir parcialmente ese vacío.
Para ampliar el foco de esta crisis conviene recordar que ICE no es un organismo reciente, sino una institución creada en 2003 bajo la presidencia de George W. Bush, y mantenida bajo administraciones de distinto signo.
"Esto es como un insulto a los empleados", señalaba Johnny Jones, del Consejo 100 de la TSA. Los agentes desplegados carecen de la formación necesaria y desconocen los aeropuertos a los que han sido asignados, lo que limita su capacidad operativa e introduce riesgos evidentes.
Sin embargo, la presión generada por el colapso aeroportuario ha obligado a introducir una solución parcial: el Senado ha aprobado la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional —incluida la TSA— para reactivar los pagos y restablecer mínimamente la operatividad, mientras el conflicto político en torno a ICE permanece abierto. Lejos de resolver la crisis, esta decisión pone de manifiesto el carácter fragmentado de la respuesta estatal y la dificultad para articular una solución coherente.
Para ampliar el foco de esta crisis conviene recordar que ICE no es un organismo reciente, sino una institución creada en 2003 bajo la presidencia de George W. Bush, y mantenida bajo administraciones de distinto signo. Durante la presidencia de Barack Obama se alcanzaron niveles muy elevados de deportaciones, lo que evidencia que la construcción del enemigo interno no es patrimonio exclusivo de una fuerza política, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo por el conjunto del sistema.
No obstante, la centralidad que ha ido adquiriendo ICE en la administración Trump —especialmente tras los acontecimientos de Minneapolis en enero de este año— está modificando el escenario. La creciente movilización social, las huelgas y la presión desde abajo han desbordado los canales tradicionales de mediación. El Partido Demócrata se ha visto obligado a reaccionar, pero lo hace desde una posición profundamente contradictoria: responde a una demanda social que no puede ignorar, pero sin romper con el marco político que ha contribuido a construir.
El bloqueo presupuestario y su resolución parcial son expresión de esa dificultad. No estamos ante un simple desacuerdo entre partidos, sino ante un sistema que encuentra cada vez más problemas para integrar demandas sociales que cuestionan aspectos centrales de su propio funcionamiento.
En ese punto emerge la contradicción. Durante décadas, el bipartidismo estadounidense ha funcionado como un mecanismo de mediación capaz de absorber tensiones y garantizar la gobernabilidad. Ese equilibrio, sin embargo, muestra signos de desgaste. No se trata únicamente de la distancia entre republicanos y demócratas, sino de una brecha creciente entre las instituciones y la sociedad que dicen representar.
El bloqueo presupuestario y su resolución parcial son expresión de esa dificultad. No estamos ante un simple desacuerdo entre partidos, sino ante un sistema que encuentra cada vez más problemas para integrar demandas sociales que cuestionan aspectos centrales de su propio funcionamiento. Mientras una parte del aparato estatal vinculada a la reproducción cotidiana —la circulación, los aeropuertos— se ve obligada a reactivarse por la presión material de la crisis, otra —la ligada al control y la coerción— permanece como núcleo del conflicto político.
No es extraño, y responde a una lógica conocida, que a medida que los mecanismos de mediación pierden eficacia, los instrumentos de control adquieran mayor centralidad. El Estado no deja de funcionar, pero lo hace de manera distinta:
No es extraño, y responde a una lógica conocida, que a medida que los mecanismos de mediación pierden eficacia, los instrumentos de control adquieran mayor centralidad. El Estado no deja de funcionar, pero lo hace de manera distinta: más fragmentada, más reactiva y con una presencia creciente de sus aparatos coercitivos.
Mientras en el exterior la política estadounidense se caracteriza cada vez más por la combinación de escalada militar, ambigüedad estratégica y falta de objetivos definidos, en el interior se reproducen dinámicas similares. Al final, los Estados proyectan hacia fuera las tensiones que no logran resolver dentro.
No estamos, por tanto, ante un episodio aislado. Es un proceso. La acumulación de tensiones no produce necesariamente un colapso inmediato, pero sí transforma progresivamente la capacidad de un sistema para sostenerse.
Los imperios no caen en un instante. Se desgastan, se contradicen y se vacían lentamente. Como en el caso del Imperio Romano, la expansión que en otro tiempo garantizó la hegemonía se convierte ahora en un lastre difícil de sostener, tanto en el plano internacional como en el interno.
La incapacidad para imponer un orden estable fuera de sus fronteras, la creciente dependencia de mecanismos coercitivos dentro de ellas y la erosión de sus propias instituciones configuran un escenario donde el poder ya no se ejerce desde la fortaleza, sino desde la inercia. Los imperios no caen en un instante: se deshacen lentamente, a la vista de todos, hasta que un día ya no pueden sostener lo que durante siglos pareció incuestionable.
